Desde el 1 de enero de 2026, Estados Unidos puso en vigor un impuesto federal del 1 % sobre ciertas remesas enviadas al extranjero, una medida incluida en la ley fiscal conocida como One Big Beautiful Bill Act y que afectará a millones de migrantes que envían dinero a sus familias en países como México, El Salvador, República Dominicana y otros destinos de América Latina y África.
Las remesas son el dinero que los dominicanos que viven en el exterior envían a sus familias en el país. Para miles de hogares, estos recursos representan la principal fuente de ingresos para cubrir gastos básicos como alimentación, alquiler, salud y educación.
Con la aplicación de un impuesto del 1 % a determinados envíos de dinero desde Estados Unidos, muchas familias se preguntan qué cambia realmente y cómo puede afectar su economía diaria. En términos simples, por cada 100 dólares enviados se paga o se descuenta un dólar adicional. Así, un envío de 200 dólares implica un cargo de 2 dólares, mientras que uno de 500 dólares supone un descuento de 5 dólares.
Aunque el monto parece reducido, el impacto se vuelve más evidente cuando los envíos son frecuentes. Una familia que recibe remesas cada mes o incluso cada semana puede ver reducido su ingreso anual de forma acumulada, lo que afecta directamente su capacidad para cubrir necesidades básicas.
En República Dominicana, las remesas son uno de los principales ingresos de divisas y benefician a cientos de miles de hogares. Una parte significativa de ese dinero se destina al consumo inmediato, especialmente alimentos, pago de servicios, alquiler y educación, por lo que cualquier reducción se siente de manera directa en el presupuesto familiar.
Este impuesto preocupa porque reduce el dinero que llega a las familias y puede incentivar el uso de canales informales para enviar recursos, lo que aumenta los riesgos y disminuye la seguridad de las transferencias. Además, impacta el consumo en barrios y comunidades donde las remesas sostienen buena parte de la actividad económica.
En la práctica, el costo del impuesto suele recaer sobre el migrante o sobre la familia que recibe el dinero. Rara vez lo absorben las empresas remesadoras. Por ello, sectores sociales consideran que esta medida penaliza el esfuerzo de la diáspora dominicana, que ya tributa en el país donde genera sus ingresos.
Mientras tanto, muchas familias evalúan alternativas para reducir el impacto del impuesto, como el uso de métodos digitales o bancarios para el envío de dinero, siempre que tengan acceso a estos servicios.
Organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo han señalado que aunque no se anticipa una “crisis inmediata” en los flujos de remesas, sí podrían reducción del poder adquisitivo de las familias que dependen de este dinero si no se adaptan a métodos exentos y si persisten condiciones económicas adversas.