RESISTENCIA EN L.A.: APRUEBAN «ZONAS LIBRES DE ICE» ANTE ESCALADA DE VIOLENCIA EN REDADAS
En una votación unánime, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ha aprobado una ordenanza histórica para establecer zonas de exclusión donde los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen estrictamente prohibido el ingreso. Esta medida responde directamente a una serie de operativos que terminaron en enfrentamientos físicos y arrestos traumáticos en lugares públicos.
¿Qué implican estas «zonas libres»?
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Inviolabilidad de Propiedad del Condado: Los agentes de ICE no podrán entrar, sin una orden judicial específica firmada por un juez federal, a ninguna propiedad controlada por el condado, lo que incluye parques, bibliotecas, clínicas de salud y oficinas administrativas.
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Protección en el Transporte: Se busca extender esta protección a las instalaciones de transporte público, donde los operativos sorpresa han causado pánico entre los trabajadores y estudiantes.
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Prohibición de Agentes «Enmascarados»: Reforzando la ley estatal que entró en vigor el 1 de enero de 2026, los agentes federales están obligados a mostrar identificación clara en estas zonas, eliminando la práctica de operativos encubiertos que la ciudad tilda de «terrorismo psicológico».
El Detonante: La Violencia de 2025 y 2026
La decisión no es solo política, sino una respuesta a datos alarmantes. En los primeros 10 días de 2026, ya se han reportado 5 muertes bajo custodia de ICE a nivel nacional, y en Los Ángeles, redadas en complejos de apartamentos terminaron con agentes disparando armas de fuego alegando la presencia de «tiradores activos», incidentes que la comunidad desmiente.
La Amenaza de la Casa Blanca
La administración Trump ya ha reaccionado, calificando estas zonas como «ilegales» y «obstrucción a la justicia». El presidente ha amenazado con suspender todo el financiamiento federal para Los Ángeles a partir de febrero si no se permite la libre operación de sus agentes para localizar y expulsar a inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos que el gobierno vincula con organizaciones criminales.