El economista Luis Arturo Caram y diversos especialistas advierten sobre el impacto negativo de la ley que autoriza el pago de deudas administrativas atrasadas
SANTO DOMINGO,RD.- La normativa aprobada por el Congreso Nacional genera incertidumbre por la falta de transparencia en la validación de compromisos financieros que podrían comprometer la estabilidad económica del país.
El economista Luis Arturo Caram ha expresado su profunda preocupación ante la reciente promulgación de la ley que faculta al Poder Ejecutivo a reconocer y pagar deudas administrativas acumuladas por gestiones anteriores. Según el experto, esta medida representa un riesgo significativo para las finanzas públicas de la República Dominicana, ya que permite la erogación de fondos estatales bajo mecanismos que carecen de la debida fiscalización. Caram sostiene que la validación de estos compromisos financieros debería estar sujeta a auditorías rigurosas para evitar que se legalicen irregularidades cometidas en el pasado.
La controversia surge debido a que la nueva ley autoriza el pago de deudas que no fueron debidamente registradas en los sistemas de contabilidad gubernamental al momento de su ejecución. Diversos analistas financieros coinciden en que esta discrecionalidad vulnera los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir la administración pública. Para los críticos de la pieza legislativa, abrir la puerta al pago de estas obligaciones sin un escrutinio exhaustivo de la Cámara de Cuentas o de organismos internacionales podría derivar en un aumento descontrolado del déficit fiscal.
Uno de los puntos más debatidos es el origen de estas deudas, que en muchos casos corresponden a contrataciones directas y suministros realizados al margen de la Ley de Compras y Contrataciones. El sector económico advierte que, al reconocer estos pagos, el Estado podría estar premiando la ineficiencia administrativa y el incumplimiento de las normativas vigentes. Esta situación, afirman los especialistas, envía una señal equívoca a los proveedores y al mercado internacional sobre la disciplina fiscal que el país ha intentado proyectar en los últimos años.
Asimismo, se ha señalado que la implementación de esta ley podría desplazar recursos destinados a áreas críticas como la salud, la educación y la seguridad social. Al priorizar el pago de deudas administrativas de dudosa procedencia, el Gobierno se ve forzado a reajustar el presupuesto nacional, limitando la capacidad de inversión en proyectos de desarrollo que benefician directamente a la población. Para el economista Caram, es imperativo que las autoridades definan criterios de prelación claros y que se publique un listado detallado de los beneficiarios de estos desembolsos.
En el ámbito político, la medida ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los actuales funcionarios en la gestión del patrimonio público. Sectores de la oposición y de la sociedad civil han solicitado que el Ministerio de Hacienda ofrezca explicaciones detalladas sobre el monto total de las obligaciones que se pretenden cancelar y las fuentes de financiamiento que se utilizarán. La falta de claridad sobre si estos pagos se realizarán mediante la emisión de nuevos bonos o con recaudaciones corrientes aumenta el temor de una presión inflacionaria adicional sobre la moneda nacional.
Finalmente, el llamado de los expertos es a la prudencia y a la rectificación de los protocolos de validación antes de proceder con los pagos masivos. Los analistas concluyen que, si bien es necesario honrar los compromisos legítimos del Estado, esto no puede hacerse a costa de la integridad del sistema financiero dominicano. La confianza de los agentes económicos y de los organismos multilaterales dependerá de la capacidad del Gobierno para demostrar que este proceso no se convertirá en un cheque en blanco que comprometa el futuro de las generaciones venideras.