CAMIPE: “La modernización de la Ley Minera es la mayor garantía de protección ambiental para el país”
Santo Domingo. – Tras la reciente divulgación de su plan para la renovación del sector, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) subrayó, justo antes del Día de la Tierra, que la modernización del régimen legal minero es la herramienta más adecuada que tiene el Estado para garantizar la preservación adecuada de los recursos naturales.
Para CAMIPE, la Ley 146-71 ha llegado al final de su vida útil, resultando inadecuada ante los retos climáticos y las garantías de la Constitución de 2010. En este contexto, la propuesta de CAMIPE busca que la normativa acepte oficialmente las “No-Go Zones”, donde la protección de la biodiversidad y del agua sea la prioridad. La Cámara sugiere que el Estado, apoyándose en estudios hidrogeológicos y criterios científicos sólidos, determine las áreas donde la actividad minera no es viable.
“Conocer dónde no operar es tan vital como identificar dónde sí hacerlo”, señaló Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE. “No se trata simplemente de una propuesta de buena fe, sino de una demanda de rigor técnico. Deseamos que la legislación permita al Estado tener herramientas para prohibir actividades donde la ciencia lo sugiera, integrando de manera coherente la Ley 64-00 de Medio Ambiente para brindar tranquilidad ambiental a las comunidades”.
Un aspecto clave que CAMIPE resalta es el modelo para el cierre de minas. La propuesta técnica establece que la restauración ambiental debe ser una responsabilidad financiera que se active desde el inicio de la actividad, a través de mecanismos públicos de asignación y supervisión obligatorios.
En este sentido, Pedro Esteva, presidente de CAMIPE, fue claro al afirmar que “la confianza del público se edifica con certezas” y añadió que desde el sector privado “sugerimos un sistema de garantías financieras inalterables que asegure la total recuperación de los ecosistemas, asegurando que el desarrollo responsable de hoy no afecte el patrimonio natural de las futuras generaciones”.
Un compromiso con la Meta RD 2036
La propuesta busca elevar el diálogo nacional hacia soluciones estructurales, reafirmando que el fortalecimiento institucional y la transparencia (a través de iniciativas como el estándar EITI y el monitoreo hídrico) son las únicas formas de conciliar el crecimiento económico con la conservación ambiental que el país necesita.
“La minería responsable que representamos en CAMIPE es la primero interesada en contar con normas claras y estrictas. La República Dominicana merece una legislación que no solo considere el potencial mineral, sino que también proteja el agua y los bosques mediante un enfoque científico riguroso”, concluyó Esteva.