Con la puesta en marcha del Sistema de Pagos Instantáneos bajo la gestión del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el país inicia una nueva etapa en las formas de pago. Más allá del cambio tecnológico, esta infraestructura representa una herramienta poderosa para impulsar la bancarización y, con ella, incidir en la reducción del nivel de informalidad que ha caracterizado la economía dominicana.
El modelo adoptado por el BCRD sigue la exitosa experiencia del PIX en Brasil, el sistema de pagos instantáneos más masivo de América Latina. La implementación arrancará en 2027 con operaciones entre personas (P2P), pero avanzará progresivamente hacia los pagos entre personas y comercios (P2C/B2C), hasta alcanzar el esquema de pagos Gobierno-persona (G2P), que tiene el potencial de transformar la forma en que el Estado distribuye subsidios y transferencias sociales: con mayor precisión y menor costo operativo.
Las transacciones se procesarán en tiempo real —no más de diez segundos—, la compensación y la liquidación son inmediatas, el servicio opera las 24 horas del día, los 365 días del año, incluyendo fines de semana y feriados y con un costo cero para el usuario. Estos elementos son los que explican el éxito de este tipo de sistemas.
Lograrlo, sin embargo, no es sencillo. El sistema requiere estándares exigentes de resiliencia operativa y tecnológica y debe garantizar escalabilidad real ante picos de demanda que se producen para satisfacer a los usuarios.
La decisión de centralizar la infraestructura en el BCRD tiene una consecuencia favorable importante: todas las entidades de intermediación financiera reguladas deberán participar. Esto crea un ecosistema interoperable, donde cualquier persona o empresa puede pagar y cobrar sin efectivo, independientemente de la entidad financiera. La competencia se traslada entonces a la calidad del servicio y la experiencia del usuario.
También existe un desafío en el tema de cultura. La adopción del código QR o del alias —número de teléfono, cédula u otro identificador— como mecanismo de pago requiere un cambio de hábitos que no ocurrirá de manera automática. El sector informal y los segmentos no bancarizados mostrarán una resistencia natural, pero la experiencia internacional ha mostrado que cuando el sistema es accesible, gratuito y confiable, los pagos instantáneos se imponen gradualmente.
Otro desafío es cómo manejar la visibilidad que tendrán los flujos de dinero, como consecuencia de la digitalización de las transacciones. Esta nueva realidad puede generar temor en los pequeños negocios y los trabajadores informales ante las posibles implicaciones tributarias. Si ese temor no se gestiona adecuadamente, puede convertirse en el principal obstáculo para la adopción masiva, anulando sus beneficios antes de materializarse.
De seguro las autoridades del Banco Central, Hacienda y DGII tienen claridad sobre este aspecto y trabajan en una normativa tributaria sencilla y razonable probablemente basada en una renta presunta para el Impuesto sobre la Renta, combinado con un esquema de retenciones reducidas y umbrales mínimos no gravados por el ITBIS. Es obvio además que no sería recomendable penalizar aún más las transacciones electrónicas.
Esto puede ofrecer al sector informal una vía de formalización gradual sin aniquilar su negocio. El objetivo debe ser crear cultura de cumplimiento entre quienes se incorporen al sistema.
En lograr a tiempo el equilibrio entre formalización e inclusión bancaria reposa el aprovechar o desperdiciar esta oportunidad. Al final de lo que se trata es de formalizar sin castigar.