SANTO DOMINGO.- La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que el Ministerio Público ha detectado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por procedimientos que, según la investigación, nunca fueron realizados.
Ortiz ofreció las declaraciones tras el aplazamiento de la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra 26 personas arrestadas mediante la Operación Cobra 2.0-A. El proceso fue pospuesto para este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde.
ESQUEMA DE CORRUPCIÓN ORGANIZADO DESDE SENASA
La representante del Ministerio Público explicó que la investigación persigue un esquema organizado desde el SeNaSa, con participación de exempleados de la institución y médicos que tenían códigos asignados para prestar servicios.
Ortiz señaló que la audiencia fue aplazada luego de que los abogados de los imputados solicitaran tiempo para estudiar las numerosas pruebas depositadas por el órgano acusador. Además, el tribunal incorporó al proceso a la médica Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó voluntariamente a las autoridades.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de caso complejo para los imputados, entre ellos funcionarios y 22 médicos. Los fiscales alegan la existencia de pluralidad de hechos, víctimas e implicados, así como elementos propios de delincuencia organizada.
IMPUTADOS EN LA PRIMERA ETAPA
La investigación se inició con la Operación Cobra, mediante la cual fueron arrestados el pasado año Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, junto a otros nueve imputados.
A los involucrados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que el esquema habría permitido sustraer miles de millones de pesos del Estado mediante sobornos, alteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico.
Como parte de la investigación también fue ejecutada en junio la Operación Onco14, relacionada con presuntas maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y el SeNaSa.