CASO CARDAMA EN URUGUAY: El Senado avanza en la investigación por la compra de patrulleras oceánicas
El Senado de Uruguay ha dado un paso decisivo este 19 de febrero de 2026 hacia la apertura de una investigación formal sobre el proceso de adquisición de dos buques patrulleros oceánicos (OPV) al astillero español Cardama.
Los puntos centrales de esta controversia política y judicial son:
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Cuestionamientos al Proceso: La oposición y algunos sectores técnicos han planteado dudas sobre la transparencia y la legalidad de la adjudicación directa a Cardama. Las críticas se centran en si el astillero cumplía con los requisitos técnicos y financieros necesarios, y si hubo irregularidades en la evaluación de otras ofertas competitivas.
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Monto de la Operación: El contrato, valorado en aproximadamente 82 millones de euros, es una de las inversiones más significativas de la Armada Nacional en años recientes. El objetivo de las patrulleras es mejorar la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva y combatir la pesca ilegal y el narcotráfico.
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Acción en el Parlamento: El avance en el Senado implica la posible creación de una comisión investigadora. Los legisladores buscan determinar si existieron presiones políticas para favorecer a la empresa española y por qué se desestimaron informes técnicos que inicialmente habrían señalado dudas sobre la solvencia del astillero para este proyecto específico.
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Postura del Gobierno: Desde el Ministerio de Defensa se ha defendido la compra, argumentando que el proceso fue ajustado a derecho y que la urgencia de renovar la flota de la Armada justificaba las decisiones tomadas. Aseguran que los buques son vitales para la soberanía marítima del país.
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Contexto en 2026: Este caso se ha convertido en un eje de debate político en Uruguay, donde la transparencia administrativa es un tema de alta sensibilidad pública. La investigación buscará aclarar si hubo irregularidades antes de que se completen los pagos o la entrega definitiva de las unidades.
El desenlace de esta investigación parlamentaria podría tener repercusiones tanto en la cúpula militar como en la gestión del Ministerio de Defensa, marcando la agenda política uruguaya de los próximos meses.